Al mismo tiempo  se incorporan dos cambios relevantes para tratar de evitar la historia de incumplimientos continuos que se han venido produciendo hasta ahora:

  1) Cada país decide su ritmo de ajuste del gasto neto de intereses, coste del desempleo y aumento estructural de ingresos, entre los que también se incorporan los recursos para la inversión que proceden de Europa

  2) Por primera vez se exige un plan estructural fiscal con ajustes para cumplir las reglas fiscales a cuatro años que puede prolongarse hasta 7 años siempre que se justifique por atender a inversiones necesarias para la sostenibilidad o acometer reformas.

El cumplimiento de estas nuevas reglas fiscales por parte de la mayoría de los Estados miembros será complicado. España, como el resto de países de la Unión, se enfrenta a una elevada presión demográfica, que eleva el gasto público en pensiones, sanidad y dependencia.

El cumplimiento de las nuevas reglas fiscales por parte de la mayoría de los Estados va a ser complicado 

Las tensiones geopolíticas conducen a un aumento de los compromisos de gasto en defensa. Por su parte, las transiciones digital y ecológica obligan a un aumento de la inversión pública para no perder competitividad y para que dichas transiciones sean justas con un reparto equilibrado de sus costes.

El aumento de los tipos de interés eleva el coste de financiación de la deuda; en el caso de España al 2,7%, siendo la carga financiera de 37.500 millones de euros estimada para este año.

Todo ello reduce el margen de maniobra disponible. Hoy por hoy, dos de cada tres Estados miembro exceden los umbrales de deuda y déficit fijados en las reglas fiscales, de modo que nos asomamos a una política fiscal restrictiva en la mayoría de países, sobre todo si los tipos de interés, como es previsible, se mantienen en cotas muy superiores a las que prevalecían en la era Draghi de abundancia monetaria.

Los retos globales a que se enfrenta Europa requieren un programa ambicioso de inversiones para lograr una transición ecológica justa, evitando oposiciones sectoriales a las políticas de descarbonización, como las que se están produciendo en los sectores primario y del transporte.

Precisamente la mayor flexibilización que introducen estas reglas fiscales, al admitir sendas diferenciadas de ajuste de cada Estado miembro atendiendo a su situación, sus reformas, sus inversiones y su impacto, persiguen mitigar la desafección ciudadana hacia la UE, además de mejorar el grado de cumplimiento y el nivel de compromisos nacionales.

Las transiciones digital y ecológica obligan a un aumento de la inversión pública para no perder competitividad

Los Estados, a partir de un escenario tendencial, a políticas constantes, deben aplicar la metodología común de la UE para garantizar que la deuda se sitúe durante los 10 próximos años en una senda descendente. España parte de una posición más vulnerable por su menor espacio fiscal y por la mayor complejidad institucional de su Estado autonómico.

Cumplir con los requisitos de ajuste que nos exige Bruselas supone una reducción de la deuda de 0,64 puntos cada ejercicio en los 4 años del plan, y en el mejor de los casos, si se puede extender el periodo de ajuste a 7 años, argumentando inversiones y reformas en sostenibilidad, de 0,36 puntos anuales durante los próximos 7 años.

Hasta ahora, algunas comunidades autónomas han acumulado incumplimientos sucesivos de las reglas fiscales, generando elevados déficits presupuestarios y altos volúmenes de deuda pública.

Cumplir con los requisitos de ajuste que nos exige Bruselas supone una reducción de la deuda de 0,64 puntos cada ejercicio en los 4 años del plan

Sin la aquiescencia de las comunidades autónomas, no será posible cumplir las reglas fiscales. Lo relevante no va a ser cómo se reparte el déficit, sino cuál es el gasto primario neto de medidas de ingresos.

En nuestro Estado de las autonomías implica un reto a nivel institucional porque el 40% del gasto se gestiona por las comunidades autónomas. Cuando la variable significativa de las reglas fiscales pasa a ser el gasto es preciso que las comunidades autónomas participen de la decisión del plan de estabilidad que se presentará en un par de meses ante la Comisión Europea.

Urge fijar entre todas las administraciones públicas un nivel de compromiso con la senda, un criterio para repartir dicha senda de gasto y un mecanismo de reparto de responsabilidades en el caso de incumplimientos.

Ha llegado el momento de reformar la ley de estabilidad presupuestaria para adaptarla al nuevo marco plurianual aprobado en la UE, redefinir las reglas fiscales y el reparto de los objetivos, y, sobre todo, reforzar los mecanismos de coordinación.

Ahora más que nunca se hace imprescindible la coordinación con las comunidades autónomas y con las entidades locales. Se impone aplicar el principio de eficacia en la utilización de los recursos públicos, mejorando la disciplina fiscal para todas las Administraciones incidiendo en la homogeneidad de los objetivos fiscales y la asunción de responsabilidades y en su caso, imposición de sanciones ante incumplimientos reiterados.

En definitiva, nos enfrentamos a un doble desafío: uno, que las comunidades autónomas participen en la definición de la senda de gasto primario neto; y dos, que entiendan que no pueden exceder las transferencias que reciben del Estado, salvo si incrementan sus ingresos de forma estructural.

España se juega mucho. Si no cumpliera las reglas fiscales, se expondría a una doble sanción, de los mercados y de Bruselas. También se enfrenta a la tarea de modernizar el tejido productivo. El buen entendimiento entre administraciones es crucial para ambos objetivos, fiscales y de transformación productiva.

*** Mónica Melle Hernández es consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y Profesora de Economía de la UCM.